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Han sido reiterados los llamados de alerta de los académicos, científicos y organizaciones sociales, advirtiendo sobre el apagón que amenazaba al país. El presidente y demás funcionarios gubernamentales habían manifestado que sólo eran infundios alarmistas, que buscaban crear zozobra, porque el gobierno tenía todos los mecanismos para evitar que se repitiera el apagón que padecimos los colombianos en 1.992, durante el gobierno de César Gaviria.

Para evitar que se volviera a presentar otro apagón, el gobierno crea una tarifa extra, trasladándole a los usuarios el costo de la nueva generación de energía eléctrica. Esta nueva tarifa, debería ser un fondo para la inversión empresarial, al que llamaron “Cargo por Confiabilidad” y se comenzó a cobrar desde el 2006, permitiendo recaudar cerca de 8.000 millones de dólares. Pero las empresas no hicieron las ampliaciones de planta, sino que se repartieron esos recaudos como utilidades, ejecutando otro aberrante peculado que quedará en la impunidad.

Ahora el presidente Santos elude su responsabilidad, destituyendo al ministro de minas y energía, por no tomar las medidas preventivas, y, lanza el programa de “apagar paga”, que en el lenguaje popular significa que “a pagar se dijo”. Es decir, que la ineptitud y la corrupción del gobierno, las debe pagar el pueblo colombiano.

La vergonzante campaña presidencial de “apagar paga”, pone en evidencia que ya hay un faltante entre el 5 y el 10 por ciento de la energía que se consume normalmente y se quiere obligar a la población que reduzca el consumo, castigándola con el incremento de las tarifas, además del reciente aumento ya efectuado. Esta campaña mediática presenta como delincuente, a quien utilice la energía eléctrica, mientras los funcionarios y empresarios que apagaron al país, ahora se presentan como jueces implacables.

Desde comienzos del año pasado, se conoció que para finales del 2015 y comienzos del 2016, tendríamos con mucha intensidad el fenómeno del Niño, que significa ausencias de lluvias y disminución de la generación de las hidroeléctricas. Por tanto, era obligatorio poner en funcionamiento las termoeléctricas para suplir el déficit de energía. Pero el gobierno no implementó planes de contingencia efectivos.

Ya tenemos los embalses por debajo del 28 por ciento de sus niveles, pero no existen las termoeléctricas que debieron haberse construido. Además, algunas generadoras se apagaron por errores de mantenimiento. Así, ni con el recorte voluntario que está haciendo la población, ni con la energía que nos está vendiendo Ecuador, se logrará suplir lo que necesita el país. Lo único que evitará un nuevo apagón nacional, es que de manera milagrosa e inmediata se acabe el Niño, que está pronosticado para durar otros meses.

Pareciera que el presidente no se ha dado cuenta, que hace meses, cientos de municipios sufren de racionamiento de agua y algunos de racionamientos eléctricos. Ya tenemos apagones parciales y es inminente que volveremos a tener un apagón nacional obligatorio, como el que tuvimos hace 24 años.

Pero no es sólo el apagón energético, sino que Colombia se apaga en la economía productiva, mientras se disfraza el crecimiento económico basado en la especulación financiera. Se apaga en la asistencia social. Se hizo la pantomima de aumentar el salario mínimo el 7 por ciento, pero la inflación del 2015 fue del 7,59 por ciento y varios expertos calculan que llegará al 8,15 por ciento en el primer semestre de 2016. Se apaga el trabajo y en enero el desempleo fue del 11,9 por ciento.

Lo que si le alumbra al régimen colombiano, es la aplanadora parlamentaria, que se ensaña inventando leyes antisociales. También brilla la función represiva del estado, que incrementa las violaciones a los derechos humanos y la persecución contra las organizaciones sociales y políticas de oposición. Por eso, cada día aumenta la ilegitimidad del gobierno de Santos, que en la última encuesta llega al 73 por ciento de desaprobación.

Es claro que Santos sólo gobierna para aumentar las ganancias de la oligarquía colombiana y las empresas multinacionales, por eso, ante la crisis económica que se tiene, las medidas son: mayor endeudamiento externo, recorte del gasto social, aumento de los impuestos para los sectores populares y clases medias, acabar de privatizar las empresas públicas rentables como Isagen, Ecopetrol, Propilco, Etb, etc.

En medio de esta profunda crisis económica, política, fiscal, social, es apenas lógico el desespero del gobierno y sus acólitos, para convidar a las guerrillas, a que se suban al tren del desarme y la desmovilización, pero dejando intacto todo el andamiaje represivo, explotador y excluyente del Estado, sin efectuar ningún cambio estructural, que le permita a Colombia transitar hacia un escenario de paz con justicia social.

Mientras el régimen colombiano languidece en las penumbras de su corrupción, de su militarismo, de su abdicación a los intereses extranjeros, Colombia se ilumina con el sol radiante de las luchas populares que reclaman soberanía, equidad, justicia, paz y vida dignidad.

Lo que comenzó como una ingenua convocatoria de jóvenes en las redes sociales, terminó el domingo 24 de enero, en una contundente demostración, contra las medidas neoliberales del alcalde de Bogotá y con manifestaciones más modestas en las principales capitales del país.

Desde el 15 de febrero, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, que integra al movimiento sindical, campesino, indígena, popular, estudiantil, de mujeres, etc, ha convocado a una Huelga Nacional, para el jueves 17 de marzo, para decirle al gobierno que el pueblo está harto de la gran corrupción, de las privatizaciones, de los recortes salariales y sociales, de los niños muriendo de hambre, de los enfermos sacrificados en el paseo de la muerte, del incremento de los impuestos y de la guerra estatal, del apagón al que llevaron a Colombia.

El 17 de marzo, será otra gran manifestación del pueblo colombiano, iluminando los verdaderos caminos de la paz.

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