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Aunque algunos analistas resaltan la excepcionalidad del sistema político colombiano, definiéndolo como la democracia más antigua de América latina, lo cierto es que la realidad es lejana a esta afirmación, pues la oligarquía colombiana ha sido hábil en mantenerse en el poder y al mismo tiempo, en garantizar sus fichas aliadas en la estructura organizativa del Estado.

No hace falta hacer un recuento histórico para comprender el hermetismo de la política en nuestro país, basta con remitirnos al dictatorial acuerdo del Frente Nacional y a las familias ancladas en el poder, los Santos, Lleras, Pastrana, Gaviria, López.

La violencia estatal y paraestatal sistemática, ha sido la garantía para la manutención de este orden establecido, borrando del mapa cualquier expresión de fuerza alternativa, que vaya en contra vía a sus intereses.

Sin embargo, la necesidad de darle tramite a la política legal y las graves denuncias nacionales e internacionales, abre la puerta a otra forma de operatividad, que dé igual o mejores resultados, en la lucha contra insurgente aplicada a la oposición política incluida la insurgencia.

En este marco, se afianzan los "falsos positivos judiciales" como una política de Estado. Esta estrategia gubernamental implanta procesos judiciales basados en montajes o especulaciones contra una o mas personas, para frenar el pensamiento critico al régimen o para mostrar resultados en la lucha contra insurgente.

Los falsos positivos judiciales también selectivos, se escudan detrás de la promesa de hacer justicia y destruyen política y socialmente a las personas implicadas. No en pocas ocasiones se planean y ejecutan para encubrir a los verdaderos responsables de graves delitos.

Aunado a esto, la sed de espectáculo noticioso por parte de los medios de comunicación, es saciada por los gobernantes, quienes no solo tienen nexos económicos con éstos, sino que utilizan sin escrúpulos, el poder de la información y la necesidad de direccionar la opinión de las mayorías.

En muchos casos los "falsos positivos judiciales", entran a respaldar el sentimiento de seguridad que pretende fomentar el gobierno nacional, ante determinados hechos, lo que se aumenta en el periodo electoral.

El caso más reciente, es la captura y procesamiento de 13 jóvenes, acusados mediáticamente, de ser los responsables de la explosión de dos petardos (responsabilidad hipotética del ELN) en Bogotá el pasado 2 de Julio, pero a quienes legalmente juzgan por otros asuntos que no tienen que ver con lo que se les acusó al capturarlos.

Es evidente el manejo que los medios privados le dan a la noticia, promocionando el falso logro de las fuerzas policiales, pero progresivamente le bajan el seguimiento al proceso judicial.

En la mente de los colombianos queda un sentimiento de tranquilidad, a costa de la violación de los derechos de 13 jóvenes y las repercusiones que tiene en sus familiares, amigos y en los procesos sociales de los que son parte.

Este caso se suma a una larga cadena de la cual hay varios casos documentados. "entre 2009 y 2012 el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, reportó más de 8.600 personas capturadas por el delito de rebelión, de las cuales solamente 2.058 quedaron efectivamente privadas de la libertad. Es decir, el 75% de las personas detenidas bajo este delito recuperaron su libertad al ser demostrada su inocencia".

Estas elevadas cifras denotan la violencia política a la que es sometida la oposición en Colombia, que a pesar de no ser declaradas culpables, la zozobra de esta arbitraria acción estatal, genera miedo y en muchos de los casos parálisis política.

Otro de los casos más sonados, es el del exdiputado Sigilfredo López, quien fue acusado de participar en alianza con las FARC, de la detención de los 12 diputados del Valle, proceso del cual se encontró inocente.

El caso del profesor Miguel Angél Beltrán, quien fue acusado de pertenecer a las FARC, la Jueza Cuarta Penal de Bogotá lo declara inocente, pero posteriormente con pruebas irrisorias fue declarado culpable.

Los "falsos positivos judiciales" son parte de la política criminal y contrainsurgente, que considera que el enemigo está dentro de los sectores no acaudalados de la sociedad, principalmente en la juventud colombiana. De esta perspectiva son víctimas, los jóvenes de la comuna 13 de Medellín, entre muchos otros, quienes son perseguidos, capturados y en menor medida condenados, por crímenes que no han cometido, muchos de ellos, soñadores, luchadores sociales y culturales de su territorio.

Al rededor de los falsos positivos judiciales, se tejen intereses económicos, que buscan sacar provecho de esta política, el ejemplo concreto son las redes de falsos testigos, quienes se han visto involucrados en cientos de procesos.

El 2 de junio de 2015 se realizó el primer encuentro nacional de víctimas de falsos testigos, este evento reunió a más de 300 personas, donde se denuncio que al rededor del 20% de condenados en Colombia son víctimas de falsos testigos y fraude procesal.

Sin duda el número es mayor, ya que son numerosos los casos no denunciados por falta de apoyo y soporte económico.

Esta grave situación hace evidente la falsa justicia y la carencia de democracia en el país, que recurre a los falsos positivos judiciales.

El ELN en su permanente búsqueda de la paz, plantea como uno de los pilares del proceso de paz, la construcción de verdadera democracia que dé apertura al escenario político, haciendo del disenso una perspectiva de desarrollo y pluralidad y no un crimen.

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