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En el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se aplicó la llamada Seguridad Democrática, como táctica contrainsurgente. Para lograr su objetivo con eficacia, Uribe designó a personas de su confianza, en puestos de control estatal, como en las altas Cortes y en la agencia de inteligencia estatal (DAS); funcionarios que hoy están en medio de graves escándalos, ampliamente conocidos por la opinión.

 

Lo nombró para un periodo de ocho años

Al integrante de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, lo nombró Uribe y hoy se resiste a salir de esta institución, pese a que se le ha demostrado graves cargos de corrupción, como sobornos y tráfico de influencias.

Pretelt, como buen seguidor del ex presidente Uribe, también posee numerosos predios rurales, en las sabanas de Córdoba, Antioquia y Sucre, que fueron despojados a comunidades campesinas, durante la contra reforma agraria ejecutada por los paramilitares de extrema derecha entre 1994 y 2004.

El magistrado se resiste a abandonar su cargo, con el argumento que todos en la Corte Constitucional se enriquecen ilícitamente cobrando sobornos y haciendo tráfico de influencias.

“Si yo me voy, conmigo se van todos”, es la consigna de Pretelt. Si la cumple, estaremos asistiendo a una crisis como la ocurrida, cuando la sociedad colombiana hundió la reforma de la justicia en 2012, que provocó la salida del ministro de Santos.

 

Hurtado, la última jefe de los espías

Finalizando su gobierno, Uribe colocó a María del Pilar Hurtado como directora del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), actualmente juzgada junto al ex secretario de Presidencia Bernardo Moreno por la responsabilidad que tuvieron en las interceptaciones telefónicas ilegales (chuzadas) a magistrados, políticos, líderes sociales y periodistas.

La ex directora del DAS responde por cargos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

¿Realmente fue ella quien tomó las decisiones de interceptar ilegalmente? ¿Acaso el DAS no era una institución de inteligencia y contrainteligencia adscrita a la presidencia? ¿No fue Uribe quien desde 2002 entregó al DAS a los paramilitares de extrema derecha? ¿No fue por el cúmulo de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra perpetrados por el DAS, que el Estado tuvo que disolverlo en 2011?

‘’Muchos agentes declararon que esta información era requerida por la Casa de Nariño quizá para no señalar directamente al entonces presidente. Pero a mí siempre me mencionaron que la información era para el presidente Álvaro Uribe’’. Afirma William Romero, ex subdirector de Fuentes Humanas del sepultado DAS, quien seguía ordenes de María del Pilar Hurtado en aquel momento.

 

Los responsables son los agentes, no el ex presidente

El caso de Fernando Sepúlveda, alias el hacker, no fue más que otro títere utilizado por Uribe. Esto queda en evidencia cuando Sepúlveda afirma que el ex presidente estaba al tanto de las actividades ilegales que se adelantaban desde su oficina, contra las negociaciones de las FARC-EP y el Estado que se adelanta en La Habana, recibiendo instrucciones directas del entonces candidato presidencial Jorge Iván Zuluaga, del partido Centro Democrático.

Para eludir responsabilidades señalan de terroristas, manipulables o hasta de tener ‘‘trastornos mentales’’ como definió, en días recientes, el senador Uribe al hacker Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.

De fondo, el problema está en que existen una serie de personajes, en altos cargos del Estado, que cuentan con un fuero especial, que los blinda para no comparecer ante la justicia. Esta lista la encabeza el ex presidente Uribe, quien clama todos los días, para que “no haya impunidad”... ojalá, algún día, comience a erradicar la impunidad que él mismo encarna.

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