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Sigue el debate frente a la explotación económica de los páramos, por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que en su artículo 159 autoriza la explotación minera a quienes posean títulos y licencias ambientales en estos ecosistemas, previas al 2010; los que fueron repartidos a las multinacionales en una verdadera piñata, por la administración de Uribe Vélez (2002-2010).

 

Al rescate de los lugares sagrados

Los páramos son ecosistemas montañosos tropicales, localizados por encima de los 3 mil metros sobre el nivel mar; fuentes de grandes cantidades de agua y oxígeno, fundamentales para la vida en la tierra.

El páramo de Santurbán es el único delimitado de manera oficial, mientras sigue sin delimitar el territorio de los otros 35 páramos existentes en Colombia; para hacerlo se cuentan con mapas elaborados por el Instituto Humbolt, que hasta el momento, el ministerio de Medio Ambiente, no ha querido avalar.

Debido a la movilización social contra la minería realizada en estos ecosistemas, se logró la Ley de Páramos, donde quedó prohibido realizar cualquier tipo de actividad agrícola y minera en ellos, y para protegerlos los clasificó como Bienes Comunes.

Por Fallo de la Corte Constitucional, al gobierno se le exige que genere mecanismos para la protección de los páramos y demás ecosistemas vitales, en los que se tengan en cuenta a los municipios, donde existen proyectos relacionados con minería y extracción de hidrocarburos.

 

¿A quién sirve el Gobierno?

El saqueo minero lo dejó organizado el gobierno de Pastrana (1998-2002), con la Ley 685, llamada Código de minas expedida en 2001, cuyo artículo 13 declaró “la industria minera de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases”.

Éste Código coloca el interés minero, por encima del derecho al agua que producen los páramos y además subordinó al gobierno de Bogotá, el derecho que tiene cada municipio a decidir sobre el uso que desee dar a su territorio.

Vino el gobierno de Uribe Vélez y entregó la mayor parte del territorio nacional a la explotación minera y petrolera, de tal forma que según la Procuraduría, 108.000 hectáreas de páramos están en poder de los adjudicatarios de 391 títulos mineros.

El gobierno de Santos impuso las llamadas “Licencias exprés”, para expedir permisos ambientales a las multinacionales mineras, en tres meses y medio, sin tener en cuenta a las comunidades, de los municipios, en donde se encuentran los recursos que van a ser explotados.

Para rematar, Santos, aprovechando la navidad de 2014, expidió el Decreto 2691, que permite a las multinacionales, solicitar Licencias exprés para hacer explotación minera en los territorios declarados por lo municipios, como "libres de impactos negativos relacionados con la minería".

Por si fuera poco, en el Plan nacional de desarrollo, que está en trámite de aprobación en el Congreso, el gobierno da continuidad a la piñata de títulos mineros hecha por Uribe. El artículo 159 del PND, dice:

“Las actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental, que hayan sido otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos, respectivamente, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación”.

Ilustrados por el escándalo del magistrado Jorge Pretelt, es obligatoria la pregunta: ¿Cuánto pagaron las multinacionales por el artículo 159?

 

El recurso que queda es la movilización ciudadana

El Consejo de Estado terció la semana pasada, a favor de los derechos ambientales y de las comunidades, pero es de esperar nuevas arremetidas gubernamentales, a favor de las empresas multinacionales mineras y petroleras.

La experiencia reciente demostró que solamente una amplia y fuerte movilización ciudadana logra el rescate de páramos como el de Santurbán y también gracias a la presión desde la sociedad colombiana, hoy existe una Ley de páramos.

Hoy sigue el 99 por ciento de los páramos sin delimitar, continúa las multinacionales poseyendo títulos mineros en la mayoría de ellos y persiste la minoría gobernante en colocarse al lado de los intereses extranjeros.

Es tarea de las mayorías nacionales el rescate de lugares sagrados para la vida de los colombianos y del planeta, a la vez que hacen valer su derecho a decidir sobre los Bienes Comunes y riquezas públicas.

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