• NUESTRA VOZ: Textos, escritos y documentos de la militancia del Frente de Guerra Central

  • OTRAS VOCES: Textos, artículos y documentos del pueblo...

  • DIALOGOS DE PAZ: Textos, artículos y documentos relacionados con los dialogos de paz

  • CULTURA: Expresiones artísticas y culturales de nuestra militancia

  • DEFENSA DEL TERRITORIO: Nuestra organización lucha por la defensa del ambiente y el territorio

  • LUCHA SOCIAL: Nuestra organización apoya las luchas sociales y populares

  • IGUALDAD DE GENERO: Nuestra organización apoya la igualdad de genero y defiende la causa LGBTI

  • EDITORIAL FGC: Análisis político periódico de la Dirección del Frente de Guerra Central

Copyright 2017 - Frente de Guerra Central

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

NI AMNISTIA, NI INDULTO PARA EL SECUESTRO, es lo que plantean los secuestradores de nuestros compañeros, los que raptan exigiendo condiciones de rendición, los que entierran en mazmorras a los luchadores populares. Una sola noche en la cárcel es suficiente para tener idea de lo que representa estar bajo el control de esos secuestradores.

La élite, la que comete delitos y con su justicia criminaliza, comete crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero que como se encuentran en el poder imponen esa mal llamada justicia a su acomodo y por el contrario castigan a todo aquel que se atreve a los cambios que requiere la clase popular, la que quiere vivir en mejores condiciones de vida, la que quiere vivir en paz.

Esa èlite, es de doble moral, no le ha temblado la mano para asesinar a los dirigentes populares, secuestrar a los representantes de la clase popular, mientras hablan de paz estàn asesinando, encarcelando, secuetrando y bombardeando.

La oligarquìa cuando se da cuenta de que sì estamos decididos a llegar hasta las ultimas consecuencias en la lucha por la toma del poder para el pueblo, esa èlite que no ha vacilado en lanzar al paìs a la violencia, lanza contra las organizaciones populares todo el peso de su aparato represivo.

cuando algunos de esa èlite cometen algùn error flagrante lo condenan, pero lo ubican en condiciones de privilegio gozando de trago importado, teléfonos de alta gama, tablets, computador con internet, suculentos platos, lujos, como sus mandos paramilitares, los detenidos de Interbolsa, políticos acusados de corrupción, senadores, gobernadores, militares, policias, familiares de expresidentes, de cancilleres, embajadores y en general de esa clase en el poder. Estos detenidos gozan de privilegios frente a los demás presos del país. Cuentan con un regimen especial de visitas los días viernes, sábados, domingos y lunes. Aprovechan estos espacios de visitas para recibir masajistas y manicuristas que los atienden rutinariamente. O les premian con casa por càrcel en sus palacios. Ningún rico paga por sus crímenes como debe ser.

Por el contrario los presos polìticos son ubicados en mazmorras, sin agua en muchas veces, sin atenciòn mèdica, en hacinamiento y perseguidos por sus guardianes. Los pobres sí se pudren en la cárcel. Hay que verlos trepándose al techo de diminutas celdas en donde meten hasta ocho reos.

La justicia es rosquera. Es tremendamente defensora de su clase. Se consideran puros, y son los que han degradado esta sociedad, esa èlite no quiere pagar sus crimenes. Solo nosotros segùn ellos somos los bandidos.

En Colombia sí existen presos políticos, su reconocimiento es una necesidad imperiosa, debemos luchar porque no queden tras las rejas como indefensos secuestrados.

No se trata exclusivamente de aquellos hombres y mujeres combatientes miembros de las insurgencias a quienes el derecho internacional define como prisioneros de guerra, sino que hoy la gran mayoría de los prisioneros políticos colombianos son población no combatiente, presos políticos de conciencia y presos políticos en razón del conflicto interno armado. Estos últimos pertenecen a la oposición política no armada, son defensores de derechos humanos, pensadores críticos, o hacen parte de los movimientos sociales, de los sindicatos, del movimiento estudiantil, de las organizaciones campesinas, indígenas y de las negritudes.

Esta es una trágica realidad que, entre otras, se explica claramente por una política de desnaturalizar el delito político y convertir el universal derecho a la rebelión en un delito, el cual es usado como arma para perseguir a quienes se encuentran en la oposición, bien sea armada o legal. Por esta vía, miles de prisioneros políticos ni siquiera están siendo judicializados o condenados por delitos políticos propiamente dichos, como la rebelión, sedición y asonada y sus delitos conexos, tal como establece el sistema penal colombiano, sino que les son imputados cargos que se salen de la órbita del delito político, de manera independiente.

Hablamos de delitos comunes graves como el terrorismo, el secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de menores, el narcotráfico, etc. Incluso, por la fraudulenta imputación de éste último delito, el del narcotráfico, algunos prisioneros políticos han terminado extraditados hacia Estados Unidos, aunque que la Constitución Política colombiana prohíbe la extradición por delitos políticos.

De esta forma, asistimos a un panorama en el que gravemente estudiantes y académicos son mostrados como terroristas; líderes sindicales como financiadores del terrorismo y un sinnúmero de campesinos y luchadores sociales como narcotraficantes. Pero también están los cientos de prisioneros políticos de guerra, muchos de ellos con graves mutilaciones sufridas en el momento de su captura en combate, o enfermos terminales, que bien merecerían un trato acorde al Derecho Internacional Humanitario. Unos y otros afrontando larguísimos procesos y condenas en condiciones inhumanas.

De las prisioneras políticas varias son madres, hayan sido combatientes o no, varias además son cabeza de familia, lo que tiene una especial implicación casi siempre ignorada, y muchas comparten el presidio con sus hijos menores de 3 años. Para ellas, el sistema penitenciario y carcelario y el aparato judicial funcionan en masculino, pues una justicia diferencial y de género, pese a las varias leyes conquistadas por mujeres para las mujeres, es en la práctica inexistente.

Los analistas e investigadores de la violencia no tienen dudas de la responsabilidad del régimen y sus gobiernos en esta tragedia que ha significado el desborde del conflicto interno, al actuar con métodos violentos e ilegales, para secuestrar y contener las luchas populares.

En dicho contexto nació el ELN hace 51 años y a lo largo de su desarrollo fuimos creando y aplicando normas de comportamiento humanistas en las relaciones con la población, normas éticas para el funcionamiento interno y una disciplina consciente.

El 15 de octubre, Día Nacional de los y las prisioneras políticas, reconocemos y nos solidarizamos con todos aquellos ciudadanos, luchadores y activistas populares, que junto a nuestros guerrilleros, hombres y mujeres de dignidad, resisten los embates de este conflicto social y armado, en las cárceles del régimen; levantándose cada día con el honor altivo y la esperanza de realizar el sueño de la soberanía, la libertad y la paz con justicia social.

 

 

LOS PRESOS POLITICOS NO SON DELINCUENTES,

SON LUCHADORES DEL PUEBLO, MOVILICEMONOS POR SU LIBERTAD

 

COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES

NI UN PASO ATRÀS, LIBERACIÒN O MUERTE

 CONDUCCIÒN FRENTE DE GUERRA CENTRAL, DARIO DE JESUS CALLE CORREA

f t g